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La vigilancia y la retórica del control: El caso de las agencias de calificación

Surveillance and Rhetoric of Control: The Case of Credit Rating Agencies

Philippe-Joseph Salazar

University of Cape Town

(Sudáfrica)

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Resumen

El presente artículo estudiará el fenómeno de las agencias de calificación. Entendidas como aparatos de Estado de tipo post-moderno, estas agencias (entre las que se destacan Standard & Poor's y Moody's) ejercen, a través de la vigilancia de factores económicos, una influencia decisiva sobre las políticas públicas. La calificación que ofrecen parte del rating, del cálculo en función de la lucha propia de las relaciones internacionales, y es formulada a través de una “retórica doble”, en tanto se dirige a dos públicos, el de los inversores y el de los políticos. Esta calificación pertenece al plano de la opinión, y son los políticos quienes realizan una prosopopeya del rating, al idealizarla y presentarla como una verdad rígida. Entendemos que aquí está en juego la cuestión de la soberanía.

Palabras clave: agencias de calificación – vigilancia – verdad/ opinión – prosopopeya – soberanía.

Abstract

This article presents a rhetorical perspective on rating agencies. Viewed as post-modern state apparatuses, rating agencies such as Standard & Poor's and Moody's exert a decisive influence over public policies through economic surveillance. Ratings shape arguments in international affairs. They operate as a “double rhetoric”, addressing dual audiences – that of investors and that of politicians. Ratings put in play a tension between truth and opinion, which is epitomized by politicians’ surreptitious recourse to prosopopoeia whereby ratings are rhetorically idealized as truth. What is ultimately at stake in this form of surveillance is sovereignty.

Keywords: rating agencies – surveillance – truth/opinion – prosopopoeia – sovereignty.


1. En términos simples, puede afirmarse que los estudios retóricos en las sociedades democráticas tratan sobre formas persuasivas públicas, abiertas, verificables y registrables. [1]
&nbps;&nbps;&nbps; Estos procedimientos dependen de la vigilancia y el control de flujos sociales y de “máquinas”, en una perspectiva deleuziana (Deleuze y Guattari, 1973), que son en líneas generales modos de “recodificar”, en términos de que son presentados como necesarios y beneficiosos, y son por tanto tratados como “ídolos de la tribu y del mercado”, si usamos la terminología retórica de Bacon (2003).
    El discurso público se ha formado y reformado, de manera encubierta y masiva, por procedimientos de vigilancia (cámaras de CCTV que vigilan el acceso a perímetros; nanotecnologías de “vigilancia somática” desarrollada por dominios industriales, militares y médicos, y sistemas en línea complejos) y por procedimientos de inteligencia (recolección de datos precedentes a la acción gubernamental; los instrumentos de la así llamada diplomacia “pública”; la reformulación de conocimientos científicos para dar forma a la opinión e influir en las elecciones; el uso de las herramientas de las redes sociales como inteligencia).
    Las sociedades democráticas, aunque conceden el mayor valor a las formas públicas de persuasión, en esencia la columna vertebral de la libertad de expresión y de libre comunicación, y de la justicia y la política constitucional, han desarrollado una amplia variedad de prácticas de vigilancia e inteligencia que crean, junto a un “campo de autonomía”, un “campo de control” o de “seguridad” (Foucault, 2006) cada vez mayor que, a su vez, se deja generalmente fuera del debate público o se trae a la atención del público como entretenimiento, ficción o momentos de “crisis” que permiten que el Estado se exponga.
    Uno de estos casos es la influencia argumentativa que ejercen las agencias de calificación. Las agencias de calificación son un aparato de Estado de tipo post-moderno, en el sentido de Louis Althusser (2003), es decir, dan forma a la posibilidad de decisión de las organizaciones políticas y ejercen, mediante sus poderes de vigilancia de factores económicos, una gran influencia sobre la política. Estas agencias pasan de encubiertas a públicas cuando el Estado obtiene una “mala calificación”.


2. Existen dos principales agencias de calificación, Standard & Poor's y Moody's, que participan con frecuencia en las políticas públicas de los llamados Estados soberanos. Por antífrasis irónica, las agencias denominan “soberana” a la deuda que contraen los Estados que son cada vez menos “soberanos”, ya que su deuda está en manos de inversores extranjeros.
    En el lenguaje financiero anglosajón un deudor es un obligor (obligado). Me gusta la palabra por su crudeza. Son esta antífrasis y esta crudeza lo que me obligó a mirar más de cerca la forma en que razonan estas dos agencias.
    Una advertencia: las condiciones legales del uso de la información son tales que resulta difícil citar (incluso guardar en una computadora) los informes, guías y recordatorios. Si queremos analizar, es necesario parafrasear.
    Esta posición de paráfrasis es en sí una posición de discurso que es interesante, ya que muestra la doble retórica que funciona en la publicidad de los métodos y resultados de las agencias de calificación. Me explico: el propósito de la calificación es ayudar a los inversores a hacerse una idea clara de la capacidad de los deudores para pagar. Ahora bien, la palabra rating, en inglés, se deriva de un término técnico en francés de principios del Renacimiento: rate, que a su vez es el participio pasado del verbo latino reor, “calcular”. El rating es el resultado determinado de un cálculo. De reor nos viene la palabra “razón”. Las agencias de calificación son agencias de “cálculo de la razón” política.
    La calificación, por tanto, es a la vez un cálculo razonable y el establecimiento de una jerarquía (las AAA, Aaa, AA, Aa, etc.). La clasificación de rating se basa en su principal uso en un inglés técnico, es decir, la clasificación de los buques de la Royal Navy según su tonelaje. En el rating, aún más que de “razón”, se trata de la clasificación de las fuerzas enfocadas a la lucha; a saber, las relaciones internacionales: un Estado “desclasificado” se hace menor, como es el caso reciente de Gran Bretaña.


3. Ambas agencias cualifican la naturaleza de la verdad de sus calificaciones. Estas son “opiniones”. En efecto, S&P's cualifica el protocolo como una cuestión de opinión.
    ¿Cuál es la naturaleza de este “asunto” (matter, en inglés)? Definida de forma positiva, una opinión es el resultado de un análisis experto que combina la evaluación e interpretación de la información proporcionada por el deudor y reunida por la inteligencia económica. Definida negativamente, una opinión no es, a diferencia de aquella que proporciona un médico o un abogado, un pronóstico o una recomendación. El término que falta es “verdad”. Las agencias de calificación ofrecen un marco operativo que permite a los inversores (que quieren renunciar a su capital con la esperanza de aumentarlo) formar una opinión sobre el riesgo asumido (en qué navío será mejor embarcar su carga, si recordamos el sentido naval de rating). No pretenden decir la verdad.
    Pero la opinión como medio eficaz para el logro de un objetivo práctico es la definición misma de la argumentación retórica: todo argumento retórico funciona con la opinión, y es la condición esencial para su éxito y eficacia. Pero ¿dónde está el efecto-verdad de las calificaciones? ¿Y el efecto-lucha?


4. Vuelvo pues a mi expresión de “retórica doble”: existen dos públicos para cualquier calificación, el de los inversores y el de los políticos.
    Los inversores compran los informes (numerosos cientos de dólares) para utilizarlos como instrumentos de cálculo de riesgo. Este cálculo es prudencial: el inversor no repite el cálculo en el sentido estricto en que lo hace la agencia (el cliente compra el resultado), sino que se proyecta en el recorrido mental que va de la lectura de los informes a la decisión de vender o comprar, ese es su “cálculo”. Al acreedor no le interesa difundir lo que ha comprado, alabar a su proveedor o interpretarlo para otros. En última instancia, su conocimiento se mantiene en el ámbito privado.
    Los políticos, cuando acceden a los informes sobre la calificación de un Estado o una empresa bajo la obediencia de lo “soberano”, se enfrentan a otro problema: es el problema particular de los políticos, a saber, cómo traducir al lenguaje de la acción política la información que es encubierta, en los detalles, por los derechos legales, pero cuya interpretación pública no lo es (y esto a las agencias no les importa).
    La paradoja política de la calificación es la siguiente: en la filosofía del conocimiento se opone, por lo general, opinión a competencia.
    Un médico no tiene una “opinión”, sino una competencia para formular, dentro del contexto de su conocimiento, una verdad competente. Y esta competencia tiene un efecto vinculante: si usted tiene la enfermedad X, debe tomar el medicamento X. Pero aquí, la agencia que es competente en la calificación anuncia que formula solamente una opinión. De hecho, un informe de calificación no es vinculante: indica una pista. El inversor asume el riesgo de creer en la agencia, a diferencia del paciente que no tiene por qué creer o no creer en el médico. La paradoja radica en que el político (o el periodista) hace de la opinión de una agencia una “verdad” de competencia (para ser aceptada o rechazada), con miras a producir un efecto político.
    Los políticos o los periodistas parafrasean los datos de cálculo y hacen de ello también un instrumento de lucha. Nos acordamos de gobiernos (como los de EE.UU. o Francia) que se alarmaron de las calificaciones. El político debe traducir el cálculo en términos de la lucha política. Se ve obligado pues a parafrasear la calificación.


5. Una calificación presenta dos verdades:
&nbps;&nbps;&nbps; a) la verdad intrínseca al cálculo, que formula un rating y que las agencias, como hemos visto, presentan como una “opinión”, la cual sirve a los inversores, y es el resultado público de los procedimientos de vigilancia económica, “economic intelligence”.
    b) una verdad extrínseca que aparece en los titulares de los periódicos, “¡Francia pierde su triple A!”, y que se presenta, para alabarla o denunciarla, no como una opinión técnica sobre el riesgo que otros (no nosotros) toman a nuestro propósito, sino como una “verdad” pública que debe obligarnos a ciertas acciones políticas.
    Nótese la ironía: una calificación no define el riesgo que asumimos, como ciudadanos o políticos, sino el que pueden tomar otros a causa nuestra. Es la epifanía política que acaba de iluminar a los contribuyentes alemanes.
    Ahí encontramos pues el problema fundamental que plantea el Öffentlichkeit desde su invención por Kant, el de la “publicidad” de la información de la elección política como base de la democracia: ¿cómo hacer público, de cara a la elección política, aquello que es un conocimiento experto, es decir, un conocimiento que es experto y que está destinado a los expertos? La razón-cálculo de la calificación es suficiente para que el acreedor evalúe el riesgo y preste esperando una devolución. No se trata aquí de “publicidad”, sino al contrario, de la compra privada de informes para fines privados. El juicio del cliente o de su asesor es práctico-racional.
    En cambio, el ciudadano ante quien se presenta un rating durante una campaña electoral o un debate que se dice de sociedad, está sujeto a lo que Kant llama el juicio de gusto (Kant, 1980): el juicio de gusto es creer que cualquier cosa que personalmente encontramos “excelente” tiene, no obstante, un potencial de valor universal. Cada vez que este mecanismo contradictorio se pone en marcha (se trate o no de algo excelente), se trata, en realidad, del juicio de gusto. Pregonar las AAA y AA, según lo hacen los medios de comunicación y los políticos, sin explicar la complejidad de los métodos desarrollados por las agencias y sin decir que están ahí para la satisfacción de los acreedores y solamente los acreedores, es parafrasear y es restringir al ciudadano, con el pretexto del Öffentlichkeit, digamos de “transparencia” o de “pedagogía”, a tener un juicio de gusto sobre la situación del país.


6. ¿Cómo razona entonces el político cuando cae la calificación de su Estado, más frecuentemente etiquetada como “no solicitada” por las agencias? Utiliza una maniobra retórica que se llama prosopopeya. El político consigue hacer hablar a la agencia (que es muda, excepto con sus clientes, y evita y se desentiende de intervenir en la política estatal); hace hablar a aquella que no le habla (Salazar, 2009).
    La mayor prosopopeya de la historia política occidental es la llamada de las Leyes occidentales, que debemos a Platón en el diálogo de Critón. Platón imagina que las Leyes de repente interpelan a Sócrates, quien decidió no sustraerse a la acción de la justicia, y así permanecer y morir. Platón reemplaza, por un momento crucial, el diálogo entre Critón y Sócrates (Critón argumenta a favor de huir, Sócrates a favor de quedarse), por un diálogo entre Sócrates y las Leyes que permitan al filósofo argumentar por la superioridad de las leyes libremente consentidas sobre las “leyes” dictadas por la opinión.
    Contra la norma de la opinión pública, Sócrates afirma (imaginando pues que las leyes le hablan) una norma superior, aunque él sepa perfectamente que esta norma, manipulada por el sistema judicial popular, lo lleva a la muerte. Lo importante para mi propósito no es el destino de Sócrates, sino cómo Sócrates hace hablar a una agencia superior, las Leyes. Que hable el ausente. Que hable el mudo.
    Debido a que esta prosopopeya oculta que la justicia dice que es preferible morir a causa de una manipulación de opinión montada en los tribunales (la acusación hecha y difundida por Aristófanes y sus amigos) y así respetar las Leyes, otro sentido de la justicia, que tiene en cuenta las técnicas de desinformación que llevan al problema, afirma que hace falta escapar: Critón argumenta que la verdadera justicia requiere que Sócrates se vaya lejos de esta ciudad que lo condena.
    Así pues, las agencias de calificación ofrecen una prosopopeya en su justa medida económica, que afirma tanto respetar el derecho de los Estados (la Ley) como tener en cuenta los juegos de opinión (las agencias emiten una opinión). Dicen tener un juicio absoluto sobre el riesgo a tomar, y así dar “justamente” la Ley del mercado, aunque proponen en realidad un protocolo de cálculo de riesgo. Pero ¿quién “hace hablar” a las agencias? ¿Quién imagina el diálogo que tiene Sócrates con las Leyes, en el caso de las calificaciones? Los políticos: frente a las agencias, que por lo general se niegan a comentar, corresponde a los políticos (a los periodistas, etc.) dar una prosopopeya de un rating: el resultado es producir un efecto de verdad que parece inapelable. Rechacemos o aceptemos una calificación, la Ley de la calificación se presenta políticamente como fija y no como una opinión. El político, en relación a las agencias, funciona, por tanto, como un idealista. A lo Sócrates.
    ¿Es esto una paradoja? No, porque vivir en la opinión, vivir de la opinión a sabiendas, operar por la opinión es la posición de los sofistas que discuten a Sócrates. Pocos políticos tienen el valor de reconocer que son sofistas. Las agencias, al afirmarse una y otra vez en el dominio de la opinión, anuncian, al contrario, que son una forma “hipermoderna” de la sofística. Y los políticos, de los idiotas, en el sentido estricto del término: prisioneros en la creencia en el conocimiento experto, específicamente financiero.


7. La única respuesta política, en mi opinión, ante una calificación que agrada o desagrada es tratarla como un recurso retórico, y en vez de idealizarla y darle un valor trascendental, actuar políticamente, actuar con control completo, actuar, por ejemplo, pasando tal agencia con sede en París por la criba del fisco o de la seguridad nacional. En síntesis, responder brutalmente a lo “soberano”, dado que el control y la vigilancia plantean fundamentalmente la cuestión de la soberanía.

Traducción de Clara Tilv


Bibliogafía

ALTHUSSER, Louis (2003); Ideología y aparatos ideológicos de estado / Freud y Lacan. Buenos Aires: Nueva Visión.

BACON, Francis (2003); Novum organum. Buenos Aires: Losada. Disponible en:

DELEUZE, Gilles y Félix GUATTARI (1973); Antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, trad. de Francisco Monge. Barcelona: Barral Editores.

FOUCAULT, Michel (2006); Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France: 1977-1978. Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

KANT, Immanuel (1980); Fundamentacion de la metafísica de las costumbres, trad. del alemán por Manuel Garcia Morente. Madrid: Espasa-Calpe. Disponible en: .

MOODY’S; página web: https://www.moodys.com/

PLATON (2010); Critón. Buenos Aires: Eudeba.

SALAZAR, Philippe-Joseph (2009); L’Hyperpolitique, une passion française. Technologies rhétoriques de la domination. París: Klincksieck.

STANDARD & POOR’S; página web: http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/home

 

 

RECIBIDO: 10/09/2013 | ACEPTADO: 08/03/2014


 


[1] Apoyo de la National Research Foundation of South Africa (grant 81695), del Programa Blue Skies. Toda opinión, así como los descubrimientos, las conclusiones y las recomendaciones expresados corresponden exclusivamente al autor, por lo que la NRF no tiene responsabilidad alguna al respecto. Lo que se propone en el proyecto es investigar las prácticas de vigilancia institucional que dan forma a la deliberación pública.